¿Sirve el debate sobre el estado de la nación para resolver los problemas del país?

El hemiciclo durante la comparecencia del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante la primera jornada del Debate sobre el estado de la Nación.
Congreso.es

Jesús Palomar i Baget, Universitat de Barcelona

Después de siete años sin celebrar el debate sobre el estado de la nación, tras una moción de censura, diversas elecciones y una pandemia mundial, regresa uno en el que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, podrá estrenar su participación como tal, puesto que ya asistió al último siendo líder de la oposición. Uno de los retos de este debate es si se resolverán los problemas que la mayoría de la sociedad española sufre hoy en día.

Contexto

El de 2022 es el vigesimosexto debate sobre el estado de la nación que se celebra en España. El primero fue en 1983 a propuesta de Felipe González, que participó en diez; José Maria Aznar, en seis; José Luís Rodríguez Zapatero, en seis, y Mariano Rajoy, en tres.

Cabe destacar, pues, que el debate no es un acto que obligatoriamente deba convocar el Gobierno, de modo que no está recogido en la Constitución o en la ley que regula el ejecutivo. En el reglamento de funcionamiento del Congreso de los Diputados –artículos 196 y 197– existe una simple regulación de cómo será su funcionamiento en el caso que se lleve a cabo.

El funcionamiento del debate se basa en una exposición, por tiempo ilimitado, del presidente del Gobierno. A continuación, todos los grupos parlamentarios, de mayor a menor representación, tienen 30 minutos para exponer su postura. El presidente del Gobierno podrá dar respuesta y el grupo parlamentario podrá a su vez replicar. La única excepción es que el partido del presidente del Gobierno intervendrá en último lugar.

Finalmente, cada grupo parlamentario podrá presentar un máximo de 15 propuestas, que deberán ser votadas, pero que si se aprueban no se convierten en normas con rango legal, sino que son “declaraciones de intenciones” que el Gobierno deberá incorporar en su actuación futura.

A modo de anécdota, este tipo de debate no es un “invento” del parlamentarismo español, sino que proviene del mundo anglosajón. En el caso de los EE. UU., cabe recordar el State of the Union Address ante ambas cámaras, y en el caso del Reino Unido, el State Opening, en el que se presenta el programa legislativo en el inicio del curso político.

El debate de 2022

El Gobierno presentó el pasado 1 de julio la comunicación de solicitud de celebración del debate indicando los puntos a tratar.

Detrás de la formalidad de la comunicación y, como se dice popularmente, “quitando el trigo de la paja”, el ejecutivo se presenta en este debate para exponer sus propuestas para la segunda mitad de legislatura, la que viene después de la crisis de la pandemia de la covid-19, por la que apenas ha podido llevar a la práctica su plan de gobierno.

Ahora tiene dos años para llevar a cabo las políticas previstas. Eso sí, ante un panorama global poco alentador: una guerra en Ucrania que, de un modo u otro, ha conllevado una crisis económica y un futuro incierto en indicadores macroeconómicos, como son una inflación histórica que no se observaba desde los años 80 y la subida del euribor después de mucho tiempo en cero.

Impuestos temporales a la banca y las energéticas

Ante esta situación, el debate comenzó con Pedro Sánchez anunciando impuestos para la banca y para las empresas energéticas en 2023 y 2024, lo que ha provocado un temblor en la bolsa para los valores bancarios de casi el 7 %.

Sánchez también ha anunciado algunas medidas relacionadas con becas para estudiantes, abonos gratis para los trenes de Cercanías de Renfe hasta el 31 de diciembre, la construcción de vivienda pública en Madrid y legislación sobre lobbies, sobre movilidad sostenible y sobre secretos oficiales, entre otras medidas. Sánchez también ha situado entre uno de los principales retos el control de la inflación.

Entrar a valorar estas propuestas del presidente del Gobierno y las reacciones de la oposición no es ejercicio de un politólogo. Centraremos el análisis en otros aspectos.

El objetivo del debate

El objetivo de la celebración de este debate no es otro que presentar las propuestas políticas para el resto de la legislatura, pero también sirve para “poner a prueba” a un Gobierno que vive y sobrevive de los acuerdos con los partidos de la oposición.

La oposición está conociendo en este debate qué intenciones tiene el Gobierno, de modo que va a saber si va a poder o no confiar, pactar y acordar, por ejemplo, los presupuestos de 2023, que se presentarán justo después de las vacaciones de verano en España.

También se van a conocer las posibles alianzas entre partidos de oposición. Si no se pacta con el Gobierno ¿de qué partidos de la oposición se puede estar más cerca?

Por otro lado, no olvidemos que el Gobierno es una coalición y que el PSOE debe mantener la confianza con Unidas Podemos, y viceversa. Se necesitan para una hipotética reválida de su acuerdo.

El opositor Partido Popular se estrena con Alberto Núñez Feijoo, un senador y presidente del partido que, al no ser diputado, asiste al debate pero no participa.

Finalmente, como es habitual y como hizo por última vez en 2015, el CIS hará una encuesta sobre quién ha ganado el debate, aunque en esta ocasión la ausencia de Núñez Feijoo como portavoz del principal partido de la oposición le resta cierto valor a los resultados.

Ante este debate lanzamos al aire dos preguntas para las que de momento no tenemos respuesta: ¿Se va hablar de soluciones para las personas o solamente se va a hablar de los problemas de las personas? ¿Se centrará en las estrategias de los partidos y sus candidaturas o más bien en soluciones para evitar que la inflación y los salarios nos lleven al desastre social? Dentro de dos días tendremos las respuestas.

Jesús Palomar i Baget, Profesor de Ciencia Política, Universitat de Barcelona

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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