Propuesta del FAD: una política criminal y criminológica

Resultado de una sociedad con un modelo de país totalmente excluyente que penaliza con rigor los delitos comunes de personas de bajo recursos, sin embargo, el sistema de administración de justicia es benévolo, tolerante y no opera con los llamados criminales de cuello blanco vinculados al poder económico y político, hay que garantizar que el sistema funcione en una integralidad. El que infringe la ley penal debe ser procesado, juzgado, cumplir la pena aplicada y brindarle un proceso de readaptación y resocialización para luego integrarlo e insertarlo con efectividad a la sociedad. Esta posibilidad no existe, si al ser humano se le desecha socialmente.

Según cifras de la Dirección General del Sistema Penitenciario, la población penal ha aumentado de 16 069 en julio del 2018 a 16 680 en febrero del 2019, cifra alarmante, debido a que algunas cárceles presentan un alto índice de hacinamiento, mayor del 2 %. La tasa de población penal es de 401 privados de libertad por cada 100 000 habitantes (INEC). El porcentaje actual de los privados de libertad que se encuentran procesados, es un 54 % y el otro 46 % se encuentra envuelto en la burocracia (sin procesar). La población en las cárceles mantiene a Panamá como uno de los países con mayor censo penitenciario per cápita de Latinoamérica (aproximadamente entran 1000 presos por año).

Sociólogos plantean que la serie de carencias que tienen vastos sectores de la población panameña, se constituye en los factores que la originan (precariedad laboral – desempleo e informalidad; falta de acceso a educación, falta de una adecuada salud preventiva y el uso óptimo del tiempo libre). A ello se le deben sumar las fracasadas políticas públicas impuestas por los Gobiernos de la partidocracia centrada en que es preciso que el Estado ‘actúe’ con mano dura, aún a costa de una grave cesión de los derechos humanos. Tolerancia cero, ley y orden, aumento de las penas, cámaras de vigilancia, detectores de metales, etc. Es decir, ‘el castigo como única solución’.

El ataque a la delincuencia común, a punta de solo represión, es ineficaz. Los Gobiernos siguen pensando más en combatir los síntomas y no las causas de los problemas. La política estatal contra la violencia y la delincuencia debería tener como base la lucha contra la exclusión social. Por ello, esa política tendría que articularse con unas políticas sociales fuertes desplegadas por el Estado, y con una política económica que favoreciera el empleo digno y la justa distribución de la riqueza.

Ante la delincuencia común, el Frente Amplio por la Democracia (FAD), en su programa de Gobierno ‘Un Panamá para Todos: 2019 – 2024′, propone la implementación de una política criminal y criminológica que ataque las verdaderas causas y razones que llevan a la comisión de delitos que ponen en inseguridad a la ciudadanía. El FAD valora el problema integralmente, por ende, como solución tres dimensiones para la atención: educación, salud y familia. Proponemos generar oportunidades de empleo estable con salario justo, educación, recreación, cultura y deporte. En cuanto a los menores, promoveremos la reinserción social de los jóvenes a través del programa ‘Mi Segunda Oportunidad’ (reingreso a los colegios), y promoveremos las organizaciones juveniles en las comunidades, a fin de empoderarlos para su plena participación para la toma de decisiones.

Por su parte, la perspectiva psicosocial, plantea que cualquier conducta delincuencial puede convertirse en modelo. En un país donde la corrupción es creciente y que, además, corruptos y corruptores gozan de completa impunidad, la misma se arraiga en distintos niveles de la sociedad, hay corrupción en el sector público y privado.

Ante la corrupción, el FAD plantea la necesidad de una Constituyente Originaria autoconvocada que refunda el país, acabe con la corrupción e impunidad, que adecente el quehacer público para acabar con la podredumbre que carcome los órganos de Gobierno. Asimismo, reforma del Estado que garantice y asegure a todos los ciudadanos igualdad ante la ley y certeza del castigo a toda forma de corrupción.

SECRETARIO GENERAL DE CONUSI – FRENADESO.

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