La desmilitarización en Latinoamérica será una prioridad para la CIDH en 2019

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció hoy que implementará un “plan de acción prioritario” en 2019 para trabajar con los Gobiernos de Latinoamérica en una progresiva desmilitarización de sus territorios.

El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, explicó a Efe que ese “plan de actuación concreto” está aún en ciernes pero se concretará en sucesivas reuniones.

Este programa se avanzó durante una audiencia de la CIDH que la comisionada Flávia Piovesan calificó de “histórica” porque abordó la militarización, uno de los “mayores problemas” de Latinoamérica que es herencia de las dictaduras militares que desangraron a la región durante décadas.

“La narrativa nacionalista y el populismo autoritario son uno de los desafíos a los que nos enfrentamos”, consideró Piovesan antes de añadir que “la creciente militarización implica un riesgo de violación de derechos humanos e impunidad para sus responsables”.

Por ello, los representantes de la CIDH se comprometieron a evitar un retroceso en derechos y libertades por el aumento del número de actuaciones militares sobre la población civil.

Varios portavoces de organizaciones defensoras de derechos humanos alertaron durante la sesión del poder cada vez más amplio con el que las Fuerzas Armadas operan en varios Estados como Honduras, México, Uruguay y Brasil.

Los comisionados de la CIDH se conmocionaron al escuchar el testimonio de Alicia Rabadán, la madre de Jorge Antonio Parral Rabadán, un ciudadano mexicano al que mataron unos militares en 2010 mientras estaba secuestrado.

“Una llamada alertó de un secuestro, los soldados acudieron al lugar y se encontraron a tres personas a las que dispararon indiscriminadamente, entre ellas estaba mi hijo”, narró entre lágrimas Rabadán.

Según el testimonio de la madre, Jorge Antonio era una de las víctimas del secuestro y fue enterrado en una fosa común sin identificar después de que los militares supuestamente se dieran cuenta de que habían cometido un error y matado a un civil inocente.

“Alteraron la escena del crimen y dijeron que se trataba de un sicario”, añadió Rabadán, quien lamentó que nadie haya rendido cuentas por la muerte de su hijo a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana reconociera lo sucedido en un informe de 2013.

“Representa el proceder del Estado mexicano para favorecer la impunidad”, consideró Rabadán.

El comisionado Luis Ernesto Vargas, que expresó en repetidas ocasiones sus condolencias y detuvo el tiempo de intervención para que la madre se expresara libremente, calificó el hecho de “paradigmático” sobre la militarización, con centenares de casos similares.

“Algunos mandatarios creen que el escenario en el que ocurren estas operaciones es campo abierto. Primero disparan y luego preguntan”, exclamó.

Vargas sostuvo que la CIDH “hará lo posible porque este asunto se mantenga de manera latente en su agenda” y puso como ejemplo la situación en Honduras, donde las violaciones de derechos humanos crecen de “forma exponencial” a medida que el Ejército adquiere mayores competencias.

En el mismo sentido, el relator especial de la CIDH para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, mostró su preocupación por la recogida de firmas impulsada en Uruguay para “aprobar mediante reforma constitucional que los militares puedan participar en la seguridad ciudadana”.

Fue el senador uruguayo y excandidato presidencial Jorge Larrañaga (Partido Nacional, derecha) quien lanzó la campaña para someter a consulta ciudadana una reforma de la Constitución que contempla, entre otras medidas, la creación de una Guardia Nacional con militares y que ha logrado más de 100.000 firmas.

Para la comisionada Antonia Urrejola Noguera, algunos ciudadanos aceptan el discurso de “mano dura” como respuesta a su sensación de inseguridad, por lo que la CIDH deberá “dirigirse también la sociedad y no sólo a los Estados”.

Por otra parte, la Comisión escuchó el testimonio de Laura Zúñiga, hija de la líder ecologista Berta Cáceres, y recibió denuncias de “represión” en Nicaragua, así como datos sobre el aumento de asesinatos de líderes sociales en Colombia desde la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en 2016.

Con estos temas la CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), clausuró su 170 periodo de sesiones. 

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