Garantizar el control territorial

Un Estado democrático que se precie de serlo, tiene la responsabilidad constitucional de garantizar que los objetivos nacionales de seguridad de todo su territorio se cumplan a cabalidad. Por tal motivo, adoptar medidas que impliquen que todo lo que entra y salga del país, sean personas o mercancías, se haga con estrictas medidas que garanticen la seguridad de los panameños y extranjeros que residen en Panamá, es una obligación y responsabilidad del Gobierno de turno.

La criminalidad trasciende las fronteras de los países. Las aperturas de los mercados también han producido masivos movimientos migratorios ilegales regionales, por lo que es menester mantener el control efectivo de todo el territorio bajo jurisdicción panameña. Por tal motivo, resulta indispensable que los extranjeros que entran al país y que optan por invertir aquí junto a los nacionales, lo hagan dentro de un clima de confianza que revierta la imagen internacional de corrupción con la que se intenta etiquetar injustificadamente a nuestro país.

La democracia y el desarrollo son conceptos interdependientes, como dos caras de una misma moneda. Ambos requieren de ambientes y condiciones de seguridad para su realización. Todos los objetivos políticos, económicos, sociales e internacionales del Gobierno dependen de ello para lograrse. Claro está, es importante la suficiente flexibilidad, para que los objetivos de atracción de inversiones y turismo, así como la de facilitación del comercio internacional se realicen en base de nuestras ventajas competitivas y comparativas, basadas en políticas públicas migratorias y aduaneras efectivas y con proyección de desarrollo para mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos.

La Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) y el Servicio Nacional de Migración (SNM) están diseñados, respectivamente, para el control territorial del país. La primera, para garantizar el comercio y transporte seguro de mercancías desde y hacia nuestro territorio. El segundo, para controlar entradas y salidas de migraciones internacionales, a través de nuestras fronteras. Ambas instituciones, en consecuencia, tienen nuevas misiones complementarias de seguridad, por lo que su modernización interinstitucional, debe fortalecer las políticas y programas de seguridad de nuestro país.

La ANA está supeditada al presidente de la República. Está bajo el liderazgo del MEF para los efectos fiscales; del MICI para los propósitos del comercio y del MinSeg para objetivos de seguridad. Como institución, es imprescindible evitar la discrecionalidad en las regulaciones, estableciendo mecanismos homogéneos y reglas del juego claras, garantizando la transparencia y la igualdad en el trato a los usuarios de los servicios aduaneros.

Para Aduanas, el viejo paradigma de represión del contrabando y cobro de impuestos de importación de mercancías, si bien forma parte de sus funciones sustantivas, ha sido superado por la misión de facilitación del Comercio y Transporte Seguro, garantizando la seguridad en la cadena logística de mercancías a nivel internacional, cumplimiento de los acuerdos comerciales internacionales aprobados por nuestro país, así como los acuerdos de seguridad marítima y aérea para el comercio internacional.

Para mantener y potenciar las ventajas comparativas y competitivas de Panamá, la ANA, en el marco de la Modernización Institucional, debe contar con sistemas informáticos aduaneros confiables, sobre una plataforma de integración de los sistemas del comercio exterior, de las instituciones y organismos relacionados con dicho comercio. Aduanas requiere, también, integrar con urgencia los dispositivos de inspección y control no intrusivo de mercancías que ingresan y salen del país, utilizando escáneres modernos, operados de manera profesional por sus funcionarios, debidamente capacitados. La ANA debe tener el control directo y soberano sobre sus bases de datos y administración del sistema, un elemento esencial que ejercen las aduanas para la propia explotación de la data y estadísticas de nuestro comercio exterior.

Ahora bien: el control territorial de las mercancías que entran y salen del país no podrá ser realizado efectivamente, si no está acompañado de un efectivo control de las personas que entran y salen del país, mediante el SNM, fortalecido en sus capacidades y evitando que delincuentes extranjeros ingresen y permanezcan en Panamá.

Ambas instituciones han de cooperar, intercambiar información, controlar las migraciones y cumplir los acuerdos regionales para garantizar Comercio y Transporte Seguro, particularmente combatir actividades delictivas, tales como el tráfico de armas y de personas, a través de la cadena logística del comercio y transporte internacional.

Todo ello demanda de una cultura organizacional de excelencia, innovación y transparencia. Adaptándose a los cambios que afectan la dinámica comercial aduanera y migratoria, así como fortaleciendo la eficiencia operacional en ambas instituciones, a través del mejoramiento continuo. Al hacerlo, estaremos forjando Patria.

ABOGADO

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